Reforma tributaria: ¿qué propone el Gobierno y cómo podría afectar el bolsillo de los colombianos?

La propuesta del Gobierno busca reducir el gasto público, aumentar los ingresos del Estado y modificar el sistema del IVA. Aunque contempla beneficios para millones de colombianos y menores impuestos para algunas empresas, también plantea cambios que podrían encarecer productos y servicios de consumo cotidiano. El proyecto todavía debe ser debatido y aprobado por el Congreso.

Colombia vuelve a poner sobre la mesa una discusión que cada cierto tiempo aparece en la agenda económica nacional: cómo conseguir los recursos que necesita el Estado para funcionar sin trasladar una carga excesiva a los ciudadanos.

Esta vez, la iniciativa tiene un nombre particular: Ley de Rescate Económico. un proyecto presentado por el Gobierno al Congreso de la República, cuyo propósito es estabilizar las finanzas públicas, reducir el gasto estatal, conseguir nuevos ingresos y estimular la inversión y el crecimiento económico.

La propuesta tiene elementos que podrían representar oportunidades para el país, especialmente en materia de reducción del gasto innecesario, apoyo a pequeñas empresas y devolución de impuestos a la población vulnerable. Sin embargo, también despierta inquietudes por la ampliación de los productos y servicios que comenzarían a pagar IVA y por las consecuencias que esto podría tener sobre el costo de vida.

La discusión no debería reducirse a estar a favor o en contra de una reforma tributaria. Lo importante es entender qué contiene realmente el documento, quiénes podrían beneficiarse, quiénes asumirían los mayores costos y qué garantías existen para que las promesas económicas se conviertan en resultados.

¿Por qué el Gobierno dice que Colombia necesita un rescate económico?

El punto de partida del proyecto es el diagnóstico fiscal que presenta el Ministerio de Hacienda: Colombia tiene un desequilibrio entre sus ingresos y sus gastos, y cada vez debe destinar más dinero al pago de la deuda.

En palabras sencillas, el Estado está comprometido con numerosos gastos, pero los recursos que recibe no son suficientes para cubrirlos sin recurrir al endeudamiento.

Uno de los datos más importantes del documento es que, según las cifras oficiales utilizadas en la exposición de motivos, durante 2025 los intereses de la deuda representaron el 28,6 % de los ingresos tributarios del Gobierno Nacional Central.

Aquí aparece una pregunta fundamental: ¿cómo se puede solucionar el problema sin afectar a los ciudadanos?

La respuesta del proyecto se divide en varias estrategias: reducir gastos, revisar beneficios tributarios, ampliar el recaudo, atraer inversión y crear un mecanismo para devolver parte del IVA a las personas de menores ingresos.

El primer gran cambio: reducir el tamaño y los gastos del Estado

Uno de los aspectos centrales de la propuesta es la reducción del gasto público. el Gobierno plantea una disminución del gasto cercana al 15 % frente a su nivel actual y señala que este componente representa alrededor del 70 % del ajuste fiscal que propone.

La iniciativa contempla revisar transferencias de recursos, contratos de prestación de servicios, gastos de personal, fondos especiales y diferentes partidas presupuestales.

También propone revisar la estructura de algunas entidades públicas, optimizar los recursos disponibles y mejorar el aprovechamiento de los activos del Estado.

En teoría, significa que el Gobierno pretende gastar menos dinero en actividades que considera innecesarias, duplicadas o ineficientes.

Por ejemplo, si dos entidades cumplen funciones similares o existen programas que reciben recursos sin demostrar resultados suficientes, la administración busca tener herramientas para revisar su continuidad y reducir esos gastos.

Sin embargo, también existe un riesgo: reducir el gasto público no siempre significa ahorrar sin consecuencias sociales.

No sería conveniente que, bajo el argumento de reducir el tamaño del Estado, terminen debilitándose programas de salud, educación, atención social o inversión en las regiones.

La ciudadanía necesita conocer con claridad cuáles entidades, contratos y transferencias serán objeto de revisión.

El IVA: el cambio que podría sentirse directamente en los hogares

Probablemente el capítulo que más atención merece es el relacionado con el impuesto al  IVA.

Actualmente, en Colombia existen productos gravados con una tarifa general del 19 %, otros con una tarifa reducida del 5 % y productos que están excluidos o exentos.

La propuesta busca simplificar esa estructura y ampliar la base de productos y servicios que pagan el impuesto.

En términos sencillos, algunos artículos que actualmente no pagan IVA o tienen una tarifa reducida podrían comenzar a pagar el 19 %.

El proyecto plantea que la mayoría de los bienes y servicios que hoy están gravados con el 5 % pasen a la tarifa general.

Esto merece demasiada atención por parte del congreso, porque el IVA es un impuesto que termina reflejándose, directa o indirectamente, en el precio que pagan los colombianos.

También Es cierto que no todos los alimentos quedarán gravados. El proyecto busca conservar tratamientos especiales para productos considerados esenciales, como arroz, papa, yuca, pan, granos, agua y determinados productos lácteos y pescados.

Una reforma tributaria debe analizar no solamente cuánto dinero recauda, sino también cuánto representa ese dinero para una familia que vive con uno o dos salarios mínimos.

EfectIVA: devolver el IVA a quienes menos ganan

La otra gran apuesta del proyecto es la creación de un mecanismo denominado EfectIVA.

La idea del Gobierno es modificar la forma en que se distribuye la carga del IVA, propone ampliar la base del impuesto y devolver una parte de lo pagado a las personas que tengan menores ingresos.

¿Cómo funcionaría?

Una persona realizaría sus compras y solicitaría la factura electrónica. La DIAN identificaría el IVA pagado y compartiría la información con Prosperidad Social, entidad encargada de administrar el mecanismo y determinar los beneficiarios.

La devolución dependería de la situación económica de cada persona.

El proyecto establece devoluciones del 100 % para las personas en pobreza extrema, pobreza y determinados grupos de menores ingresos dentro de la población vulnerable. Para otros grupos vulnerables contempla porcentajes del 50 %, 40 % y 30 %.

El mecanismo tendría un límite mensual de hasta 5,5 UVT por beneficiario.

Según las estimaciones que presenta el Gobierno, la medida podría beneficiar a más de 35 millones de personas.

En principio, esta propuesta tiene una finalidad interesante: que el peso del impuesto no sea igual para una persona que vive en condiciones de pobreza que para otra que tiene ingresos elevados.

Sin embargo, existe una dificultad que no puede ignorarse.

Para recibir la devolución será fundamental que las compras puedan identificarse mediante los sistemas de facturación y que el Estado tenga información confiable de los beneficiarios.

¿Qué sucede con una persona que compra en una tienda de barrio donde no recibe factura electrónica? ¿Qué pasa con quienes no tienen acceso a medios digitales o financieros? ¿Cómo se garantizará que el dinero llegue a tiempo?

Son interrogantes que necesitan respuestas.

Además, hay un detalle fundamental: EfectIVA está previsto para comenzar el 1 de enero de 2028. Es decir, no se trata de un beneficio que los colombianos puedan reclamar inmediatamente por la aprobación del proyecto.

La devolución podría convertirse en una herramienta de protección para los hogares vulnerables, pero su efectividad dependerá de que funcione de manera sencilla, oportuna y transparente.

Las pequeñas empresas podrían tener un alivio tributario

No todo en la propuesta está relacionado con nuevos impuestos. El Gobierno también plantea reducir la tarifa general del impuesto de renta para las personas jurídicas.

El proyecto contempla una tarifa del 33 % para 2027 y del 31 % desde 2028, frente a la tarifa general actual del 35 %.

La intención es mejorar las condiciones de las empresas, especialmente de las micro y pequeñas compañías que tributan en el régimen ordinario.

¿Por qué podría ser positivo?

Una empresa que paga menos impuestos puede disponer de una mayor cantidad de recursos para invertir en maquinaria, contratar trabajadores, ampliar sus operaciones o mejorar sus servicios.

En teoría, esto puede ayudar a generar empleo y fortalecer la actividad económica.

Pero también hay una pregunta importante: ¿la reducción de impuestos se traducirá efectivamente en más puestos de trabajo?

Eso no ocurre automáticamente. Dependerá de la situación financiera de las empresas, de la demanda de sus productos y de las decisiones que tomen sus propietarios.

Por eso, será importante evaluar si el beneficio tributario termina impulsando la inversión productiva y no solamente aumentando las utilidades empresariales.

Más impuestos a los licores y bebidas endulzadas

La propuesta también incluye cambios en la tributación de bebidas alcohólicas y productos ultraprocesados endulzados.

En el caso de los licores, plantea modificaciones en los componentes del impuesto al consumo y en el IVA aplicable a determinados productos.

El Gobierno argumenta que estas medidas pueden aumentar el recaudo y desincentivar el consumo de bebidas cuyo uso excesivo representa riesgos para la salud.

En la exposición de motivos se presentan estimaciones de aumentos importantes en los precios de algunos licores.

Para los consumidores, esto podría significar pagar más por determinadas bebidas. Para los establecimientos comerciales, restaurantes y negocios dedicados a su distribución, podría representar mayores costos y cambios en la demanda.

En cuanto a las bebidas endulzadas, el proyecto establece condiciones para gravar determinados productos que contienen azúcares añadidos o edulcorantes.

La discusión aquí también debe considerar el impacto sobre los pequeños comerciantes y las empresas que producen o comercializan estas bebidas.

¿Qué podría mejorar con esta reforma?

Si se analiza el proyecto en su conjunto, hay varios aspectos que podrían generar beneficios para Colombia.

Primero: un mejor manejo de los recursos públicos. Si el Gobierno consigue reducir gastos innecesarios, eliminar duplicidades y controlar las transferencias que no cumplen una finalidad clara, podría liberar recursos para necesidades prioritarias.

Segundo: mayor protección económica para los hogares vulnerables. EfectIVA busca que las personas con menos ingresos reciban una compensación por el IVA que pagan. Si funciona correctamente, podría ayudar a reducir el impacto de los impuestos sobre su capacidad de compra.

Tercero: mejores condiciones para las pequeñas empresas. La reducción de la tarifa de renta podría liberar recursos para inversión, contratación y crecimiento empresarial.

Cuarto: mayor control sobre la evasión y el contrabando. El proyecto contempla fortalecer las capacidades de la DIAN para mejorar la administración tributaria. Si se logra que más personas y empresas cumplan sus obligaciones, el Estado podría recaudar más sin depender exclusivamente de aumentar las tarifas.

Quinto: una mayor disciplina fiscal. Colombia necesita que sus ingresos y gastos tengan una relación sostenible. Reducir el costo de la deuda permitiría disponer de más recursos para inversión y servicios públicos.

¿Qué podría perjudicar a los colombianos?

Los riesgos también son importantes y deben ser examinados antes de aprobar la iniciativa.

El primero es el encarecimiento de algunos productos y servicios. Ampliar la base del IVA podría trasladar nuevos costos a los consumidores, especialmente si los cambios alcanzan bienes que las familias compran frecuentemente.

El segundo es el impacto sobre los hogares de ingresos medios. Aunque EfectIVA está diseñado para proteger a los sectores pobres y vulnerables, es necesario examinar qué sucederá con las familias que no califican para la devolución, pero tampoco tienen ingresos suficientes para absorber fácilmente los aumentos.

El tercero es la incertidumbre para los trabajadores vinculados al Estado. La reducción de contratos de prestación de servicios y gastos de personal podría afectar oportunidades laborales. El ahorro público debe diferenciar entre contratación innecesaria y personal que cumple funciones importantes.

El cuarto es el riesgo de dificultades en la ejecución de EfectIVA. Si el sistema de facturación, identificación y devolución no funciona adecuadamente, los ciudadanos podrían terminar pagando mayores impuestos sin recibir oportunamente la compensación prometida.

El quinto es el posible impacto sobre determinados sectores productivos. Los cambios en el IVA pueden afectar cadenas de producción, comercialización y distribución. Un impuesto no siempre termina siendo asumido únicamente por quien lo recauda; sus efectos pueden trasladarse a proveedores, empresas y consumidores.

Las preguntas que el Congreso debe resolver

El proyecto no debería discutirse únicamente desde las proyecciones de recaudo que presenta el Ministerio de Hacienda.

Los congresistas tienen la responsabilidad de examinar sus consecuencias reales y pedir explicaciones sobre varios asuntos.

¿Está suficientemente demostrado que los recortes propuestos no afectarán servicios esenciales?

¿Cómo se garantizará que EfectIVA llegue a las personas que realmente lo necesitan?

¿Qué pasará con los hogares de ingresos medios que podrían asumir mayores costos sin recibir devoluciones?

¿Cuáles productos de la canasta familiar pasarán a pagar el 19 % y cuáles conservarán sus tratamientos especiales?

¿Qué garantías tendrán los productores nacionales frente a los cambios tributarios?

¿De qué manera se verificará que la reducción del impuesto de renta a las empresas genere inversión y empleo?

La verdadera discusión no es solamente cómo conseguir más dinero para el Gobierno, sino cómo conseguirlo sin deteriorar la capacidad de las familias para vivir, consumir y progresar.

Por ahora, la Ley de Rescate Económico es un proyecto que deberá superar el debate en el Congreso. Sus artículos pueden cambiar y sus medidas todavía no deben presentarse como obligaciones tributarias vigentes.

Revista Soy Viajero continuará siguiendo el trámite de esta iniciativa y sus posibles efectos sobre la economía y el bolsillo de los colombianos.

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