Responsabilidad política en el Fondo Milagro
La responsabilidad política en el Fondo Milagro se convirtió en el centro de la discusión después de que el presidente Abelardo De La Espriella aceptara la renuncia de su director, tras la controversia por los elevados salarios anunciados para la entidad encargada de liderar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Aunque el mandatario ordenó revertir las remuneraciones y calificó la decisión como un error que debía corregirse, el episodio abre un debate que va más allá de la salida de un funcionario: ¿quién responde por las decisiones administrativas y los mecanismos de control de una institución que maneja recursos destinados a atender una emergencia nacional?
El Fondo Milagro no es una dependencia administrativa cualquiera. Fue creado mediante el Decreto 1379 del 9 de septiembre de 2026 como un instrumento para financiar y coordinar acciones de asistencia humanitaria, recuperación, rehabilitación, reconstrucción y reactivación económica en los territorios afectados por el terremoto. Entre sus responsabilidades se encuentran proyectos relacionados con viviendas, hospitales, colegios, vías, acueductos e infraestructura esencial para las comunidades damnificadas.
Por la naturaleza de sus funciones, la entidad requiere una administración rigurosa, transparente y eficiente.
la controversia por las remuneraciones de sus directivos puso bajo cuestionamiento la coherencia entre los gastos administrativos y la política de austeridad anunciada por el Gobierno. Según las informaciones publicadas sobre la estructura salarial, el gerente tenía asignada una remuneración mensual cercana a los 39,4 millones de pesos, mientras que otros cargos directivos contemplaban salarios de hasta 36 millones.
La discusión no consiste únicamente en determinar si esas remuneraciones eran elevadas. También resulta necesario establecer quién las propuso, qué estudios justificaron esos valores y cuáles instancias participaron en su aprobación. El Decreto 1379 contempla responsabilidades tanto para la gerencia como para el Consejo Directivo en materia presupuestal. Por consiguiente, la explicación institucional no debería concentrarse exclusivamente en el funcionario que presentó su renuncia.
La responsabilidad política también alcanza a las instancias de dirección. Si existían directrices presidenciales de austeridad, era necesario que los mecanismos de supervisión garantizaran su cumplimiento antes de que las decisiones administrativas se convirtieran en una controversia pública.
En este punto aparece otro elemento relevante: el papel del presidente Abelardo De La Espriella. El mandatario afirmó que no permitirá que los funcionarios se aparten de sus instrucciones y que, cuando se cometen errores, su Gobierno los reconoce y corrige. La aceptación de la renuncia constituye una respuesta política frente al episodio.
El decreto de creación del Fondo establece que el presidente tiene participación determinante en su estructura de dirección, incluida la designación de integrantes del Consejo Directivo y del gerente. Esto no significa que el mandatario haya aprobado personalmente los salarios cuestionados
Por eso, la salida del director no debería representar el punto final de las explicaciones. Es necesario conocer cómo se estructuró la nómina, quiénes intervinieron en las decisiones presupuestales y qué controles se implementarán para evitar que situaciones similares vuelvan a presentarse.
También debe aclararse qué proporción de los recursos del Fondo se destinará a gastos administrativos y cuánto llegará efectivamente a los proyectos de reconstrucción. La vigilancia de la Contraloría General de la República y los mecanismos de auditoría independiente previstos para la entidad deben contribuir a garantizar la transparencia en el manejo de estos recursos.
Al final, el verdadero examen del Gobierno no estará únicamente en aceptar renuncias o anunciar correctivos, sino en demostrar que el Fondo cumple su propósito. Las comunidades afectadas necesitan soluciones concretas, recuperación de sus viviendas, hospitales, colegios y servicios públicos, no controversias administrativas que desvíen la atención de sus necesidades.
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